Galicia podría perder 300 millones de los fondos europeos

 

Un desafío de tiempo crítico

Galicia enfrenta un reto decisivo en la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según datos a 30 de junio de 2025, quedan 300 millones de euros sin convocar. Si no se adjudican en los próximos meses, la comunidad podría perder estos recursos.

España debe certificar que todos los fondos asignados estén ejecutados y pagados antes del 31 de agosto de 2026. En Galicia, los 4.124 millones recibidos deben traducirse en proyectos completos y facturas abonadas, incluyendo 1.751 millones gestionados por la Xunta y los ayuntamientos.

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Galicia, entre las comunidades más eficaces… pero con freno

Durante 2023 y 2024, Galicia fue líder en la gestión de ayudas europeas. Sin embargo, los últimos datos reflejan un freno en la tramitación:

• Convocados: 1.454 millones
• Resueltos: 1.069 millones (73,5% de tasa de resolución)

Esto sitúa a Galicia en quinta posición entre las comunidades, detrás de Aragón (80,5%), Murcia (77,4%), País Vasco (75,4%) y Castilla-La Mancha (74,9%). En enero, Galicia lideraba con un 76,3%.

En cuanto a los ayuntamientos gallegos, la tasa de resolución es del 62,9%, mientras que la administración autonómica alcanza el 77%, por encima de la media estatal.

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Destinatarios y áreas prioritarias

Hasta junio, 60.163 empresas, entidades y ciudadanos se han beneficiado de estas ayudas. La distribución de los fondos muestra:

• Microempresas y pymes: 42%
• Grandes empresas: 24%
• Uniones temporales: 17%
• Fundaciones e instituciones: 11%
• Hogares: 5%

En cuanto a sectores, Galicia prioriza infraestructuras sostenibles (26%), modernización industrial (24%) y agenda urbana y rural (9,4%), concentrando casi el 60% de la inversión.

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El escollo final: ejecutar el dinero

Convocar los 300 millones restantes no garantiza su ejecución. Cada ayuda requiere adjudicación, resolución, ejecución y pago. La experiencia muestra que el tramo final es el más lento.

La Xunta y los ayuntamientos deberán redoblar esfuerzos hasta agosto de 2026 para evitar que Galicia devuelva dinero a Bruselas y asegurar la continuidad de proyectos estratégicos en la región.